El Estado nos estafa con los impuestos

¿Para qué pagamos impuestos? Esta pregunta siempre es importante, porque las distintas respuestas que se puedan ofrecer afectan a cuestiones tan fundamentales como la libertad, el bienestar social, la creación de empleo y el buen funcionamiento de la economía; pero hoy por hoy adquiere una relevancia especial, ante la supuestamente  ‘necesaria’ política de ajuste presupuestaria que debe llevar a cabo el Gobierno. De la respuesta que ofrezca el Ejecutivo a la misma se derivará el apoyo o el rechazo de la población a las medidas de ajuste.
Si uno pregunta a cualquier ciudadano, la respuesta más probable es que la gente paga impuestos para tener una buena sanidad pública, una buena educación pública y una buena pensión. Esas son las cosas que de verdad importan, y por las que muchos consideran justificado tener que entregar parte de sus ingresos a la Hacienda Pública; en buena lógica, deberían conformar la terna de prioridades del Gobierno a la hora de aplicar la tijera al gasto.

En cambio, para Rajoy, Zapatero, sus equipos y sus partidos las prioridades son otras muy distintas, empezando por la de mantener como sea todo ese sistema de dádivas y mamandurrias en torno a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. De esta forma nos encontramos con que buena parte del grueso del ajuste presupuestario se está cargando sobre la sanidad, la educación y las pensiones. Las dos primeras partidas han experimentado recortes de gasto, mientras que las pensiones se han congelado o subido tan sólo un 1% (frente a una inflación de más del 3% este año), después de que los socialistas las congelaran. Las justificaciones que se presentan son variopintas: que si con la demografía actual son insostenibles los sistemas públicos de sanidad y pensiones, que si los profesores hacen o dejan de hacer esto o aquello, etc. Pero todo esto lo que justifica es la adopción de reformas en profundidad de los modelos vigentes en lo relacionado con sanidad, educación y pensiones, no recortes del gasto en esos capítulos para reducir el déficit público, mientras siguen abiertas miles y miles de empresas y entidades públicas, mientras autonomías y ayuntamientos siguen derrochando el dinero público, o sea, el de todos los contribuyentes, en políticas y subvenciones de todo tipo que son lujos que, con la que esta cayendo, este país ya no se puede permitir.

No es de extrañar, por tanto, que muchos ciudadanos protesten por la privatización de la sanidad o por la moderada subida de las pensiones. No pagamos impuestos para mantener las autonomías y los ayuntamientos, con su pléyade de empresas y organismos públicos para colocar a familiares, amigos, correligionarios y allegados; pagamos impuestos para tener buenos servicios públicos y buenas pensiones, no para que los políticos y los sindicatos tiren el dinero como lo están tirando o se lo lleven crudo como se lo están llevando.

Pero… Y cual es el verdadero problema? porque, si cada uno de nosotros, pagamos entre impuestos directos y indirectos más del 53% de lo que ganamos al ‘Estado’. Como puede ser que nunca haya dinero suficiente para sufragar los servicios básicos como la Sanidad, la Educación y el mantenimiento de las infraestructuras ya creadas????? Muy sencillo!! el verdadero problema y gasto son las Autonomías.

impuestos que se pagan en españa
Son el verdadero agujero en las cuentas públicas españolas
.  El recorte que más necesitamos pero en el que paradógicamente ningún partido quiere meter la tijera.  Ya no es cuestión sólo de los obstáculos que ponen 17 legislaciones diferentes que han roto la unidad de mercado y dificultan la recuperación económica y la creación de empleo; es que las autonomías nos cuestan más de 86.000 millones de euros cada año, que no sólo tienen que salir de nuestros bolsillos sino que quitamos a lo que realmente nos interesa: la educación, la sanidad, la garantía del sistema de pensiones… el estado del bienestar en definitiva.

Según economistas como el catedrático Roberto Centeno, cada nuevo empleo público no productivo destruye 2,8 empleos privados, pues se necesitan más impuestos para mantenerlos.  Sostener el necesario estado del bienestar (una sanidad y educación de calidad, justicia, seguridad…) requiere empleo público suficiente y de calidad; el problema son los empleos públicos improductivos y a menudo innecesarios.  Según los expertos, y teniendo en cuenta el número de habitantes de España, sobran 1.000.000 de empleos públicos (y 920.000 de ellos por las autonomías).  Esto, junto a la ruptura del mercado económico y laboral producido por la proliferación de legislaciones autonómicas implica que las autonomías nos están empobreciendo.

¿Consecuencias de tener una administración excesivamente engordada por las innecesarias y carísimas autonomías?

España tiene ya el mayor índice de pobreza de toda la Unión Europea (por encima de Grecia o Portugal).   España, que es también el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo(más que Grecia y mucho más que Portugal)  y el tercero en volumen de déficit público (por detrás de Grecia e Irlanda), se ha situado ya (11-07-2012) como el cuarto país europeo con más impuestos (detrás de Bélgica, Dinamarca y Suecia).  Sin embargo, al contrario que estos tres últimos países, gran parte de nuestros impuestos no van a sostener el estados del bienestar, ni tampoco a ayudar a salir de la crisis, sino a mantener una Administración excesivamente engordada por unas autonomías que sólo benefician a las castas políticas.

No es cuestión de mejorar la gestión de las autonomías; es un problema estructural.  En total, el traspaso de competencias del Estado a las comunidades autónomas ha implicado un traspaso de 821.357 empleados.  Sin embargo los asalariados de las autonomías superan ya los 1.740.000 empleados (920.000 más que el Estado para hacer lo mismo) y no paran de crecer exponencialmente (ver gráfico). ¿Dónde están esos 920.000 empleados de más?¿Hay más médicos? ¿Más profesores?… Algunos más por el aumento de la población estos años, pero pocos.  De hecho, España está por debajo de la media europea en número de funcionarios y sin embargo diversos organismos aseguran que en relación al número de habitantes, en España sobran alrededor de 1.000.000 de empleados públicos.

¿Dónde están entonces esos 920.000 empleados de más en las autonomías? Se estima que 520.000 son enchufados, el resto, unos 400.000 son el producto de multiplicar por 17 la estructura de gestión.

nota: en miles de empleados

Más de 500.000 Enchufados.   Amigos, familiares y militantes (de todos los partidos políticos)… colocados en fundaciones, agencias y en las 2.671 empresas públicas creadas por las autonomías para contratar a dedo y evitar la fiscalización de las cuentas, convirtiéndose en una tapadera del despilfarro público.  Esto explica porqué nuestros políticos no quieren ni oír hablar de eliminar las autonomías.  El problema autonómico no se resuelve sólo con legislación y recortes para eliminar esos 520.000 enchufados… porque seguiría habiendo 17 estructuras paralelas con competencias impropias y que nos costaría al menos la mitad de esos 86.000 millones de euros de sobrecoste anual que actualmente tienen las CC.AA.  Ante la gravísima situación, las comunidades autónomas se comprometieron hace meses a cerrar sólo 600 de esas 2.671 empresas públicas; sin embargo, meses después, sólo han cerrado 2 de ellas.  Las castas políticas siguen dispuestas a todo antes que a recortarse ellas mismas.

Actualmente las autonomías españolas tienen mayor nivel de competencias y gasto que las regiones de cualquier otro país del mundo. Aproximadamente tienen el  56% de competencias y del gasto público total.   ¿Hay que descentralizar? Aquí todos los expertos están de acuerdo: Sí, pero hacia la administración local; en un país del tamaño de España no se justifica una administración intermedia entre Estado y Administración local (Ayuntamientos y diputaciones).

Según el estudio “comparación internacional de los modelos de descentralización fiscal” de la Fundación Cajamar, a nivel mundial… de 213 Estados, sólo 25 presentan una estructura descentralizada de gobierno. Si observamos estos pocos estados descentralizados (federales o no), hay dos tipos: los que son muy muy extensos (EEUU, Rusia, India, Australia, Canadá…) y los que surgieron de la UNIÓN de pequeños estados en un nuevo país mayor y UNIDO, buscando entre otras cosas eficiencia y tamaño (Alemania, Suiza…).  Es más, hay casos, como ocurrió en Alemania hace varios años, donde las regiones (los landers) devolvieron más competencias al Estado central para economizar y hacer más eficiente la gestión.

Sin embargo en España hemos ido contra toda lógica al disgregar un estado relativamente pequeño en extensión como España para crear estructuras administrativas intermedias en las regiones.  Además dotándolas de más competencias y porcentaje de gasto público que los estados, landers o regiones… de ningún otro país del mundo; añadiendo 86.000 mill. €  de gasto innecesario e improductivo y multiplicando por 17 las normativas a aplicar en multitud de sectores lo que dificulta el desarrollo económico y nos empobrece más a todos.

Si nos fijamos por ejemplo en los dos estados federales europeos más conocidos (surgidos ambos de la UNIÓN de estados pequeños para formar uno mayor y más eficiente cediendo competencias al gobierno central), según el estudio citado de la Fundación Cajamar:  En Alemania el 65,2 % del gasto público corresponde al Estado alemán, por sólo el 20,3 % a las regiones o Landers y el 14,5 % a los Ayuntamientos.  En Suiza, el 51,5 % del gasto corresponde al Estado suizo, el 27,6 % a la administración regional y el 20,9 % a la local.

Exceptuando los mini Estados como Malta o Luxemburgo, España es además el país europeo donde la Administración local (Ayuntamientos y Diputaciones)  tiene un menor porcentaje de gasto (aproximadamente el 12% del total de las administraciones públicas).   Hay muchos ayuntamientos pequeños, algunos minúsculos que habría que fusionar además de mantener las Diputaciones.

Pero no nos engañemos (o que no nos engañen), aunque todas las castas políticas autonómicas, en su intento de mantener el estado autonómico cueste lo que cueste, estén deseando eliminar las Diputaciones y algunas incluso el Estado, aunque también haya despilfarro en muchos Ayuntamientos, aunque haya que legislar para evitar el enchufismo y se penalice incluso penalmente el despilfarro de dinero público… aún con todo eso, es imprescindible atajar el principal agujero en las cuentas públicas, el principal problema, el verdadero cáncer que impide dedicar recursos a lo que nos interesa y no a mantener una estructura administrativa ineficiente:  el problema autonómico.  Para racionalizar esto, hay que eliminar directamente las autonomías,  cediendo las competencias tanto al Estado (las que gestionaría mejor y a menor coste como Sanidad, Educación, Justicia, Ciencia y Tecnología, I+D, grandes infraestructuras…)como a Ayuntamientos y Diputaciones (Asuntos Sociales, pequeñas infraestructuras…).  Basta ver cómo tienen distribuidas las competencias otros estados más eficientes.

En la mayoría de países de la Unión Europea y del mundo, es el Estado quién concentra más del 80% del gasto público total. Sólo en seis países europeos (Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Finlandia, Suecia) el Estado tiene algo menos del 80% del gasto, sólo en algún caso (Alemania y Suiza) por la descentralización hacia gobiernos intermedios (fruto además de uniones de pequeños estados en un Estado mayor y no, cómo sólo ha ocurrido en España, de la desintegración de un país), en el resto (Reino Unido, Finlandia o Suecia) por el peso de las entidades locales.

España incurrió por tanto, en su intento de contentar a nacionalistas vascos y catalanes durante la transición, en una descentralización muy muy cara y además mal enfocada pues deberían haberse cedido menos competencias y no hacia una administración intermedia innecesaria en las regiones sino hacia la administración local (Aytos y Diputaciones).  Este disparate autonómico es muy costoso no sólo por ceder, ceder y ceder competencias a las autonomías sin importar si era lógico y eficiente o no, sino porque se ha demostrado que los ciudadanos no podemos seguir pagando un sistema administrativo intermedio.  En un país como este, lo eficiente son dos niveles de administración: la central con las competencias que sea más eficiente y barato gestionar de forma centralizada (sanidad, educación, ciencia y tecnología, justicia, economía, grandes infraestructuras…) y teniendo en cuenta que poco a poco alguna de esas competencias debe ir a la Unión Europeay la administración local (Ayuntamientos y Diputaciones provinciales) con parte de las competencias que ahora tienen las autonomías (servicios sociales, pequeñas infraestructuras…).  Sólo con eso ya ahorraríamos 86.000 millones de euros AL AÑO.  Si añadimos la fusión de ayuntamientos pequeños o cesión de sus competencias a Diputaciones junto con la eliminación entidades comarcales o mancomunidades, tendríamos ya sobradamente solucionado el problema de los 90.000 millones de euros de déficit, sin recortes sociales ni subidas de impuestos por lo que tendríamos los cimientos sólidos para empezar a salir de la crisis.   Muchos expertos, catedráticos y organismos internacionales llevan tiempo avisando… mientras no se solucione el cáncer autonómico sólo vamos a conseguir seguir empobreciéndonos.

Los partidos discuten entre si es mejor hacer más recortes sociales o ponernos la venda en los ojos y subir el déficit más aún e hipotecarnos por varias generaciones, siempre pagando los ciudadanos… pero ninguno tiene intención de recortar lo que realmente sobra.  Eso sí, España es con abrumadora diferencia el pías europeo con más políticos por habitante.  Un reciente estudio cifra en 445.568 los políticos tiene España (incluyendo puestos a dedo, liberados sindicales…);  el doble que Italia y que Francia (segundo y tercer país pero a gran distancia de la España de las Autonomías).   Otro ejemplo, Alemania, con el doble de habitantes, tiene tres veces menos políticos.   Si pusiésemos en fila a todos los cargos políticos y sindicales españoles, dando 50 centímetros a cada uno, sumarían nada menos que 223 kilómetros.  Así que está claro por qué no quieren ni oír hablar de suprimir las autonomías,  con diferencia la administración pública española más enchufista y con más empresas públicas, fundaciones, agencias... además del problema inherente de multiplicar por 17 el gasto de gestión.

Pero, como publicaba el catedrático de Economía Roberto Centeno en el diarioCotizalia el dilemas es:  o las autonomías o nosotros.  No es una cuestión de partidos ni de ideologías, es una cuestión de dónde queremos en un futuro emplear los 86.000 millones de euros en impuestos que nos cuestan cada año las autonomías: en mantener el estado del bienestar (la sanidad, la educación, las pensiones…) o en pagar los 920.000 enchufados y empleados que sobran con el sistema autonómico y las castas políticas que lo sustentan.

En una reciente encuesta del diario El Mundo a más de 25.000 personas,  9 de cada 10 votaron a favor de la devolución de competencias al Estado.  Los españoles lo tenemos claro, los políticos no tanto No hace falta que lo diga The Economistlas autonomías tienen que desaparecer para poder evitar el colapso y salir de la crisis.  Hay dos pasos para salir del disparate autonómico: una mayoría de 2/3 en el congreso (pacto pp-psoe) y convocar un referendum. A quién todavía no lo vea, quizá porque añore las bondades vendidas por muchas autonomías, siempre con necesidad de autojustificarse, les recomiendo que lea el libro  EL OCASO DE LAS AUTONOMÍAS. (El libro que ningún partido político quisiera ver publicado) del economista Joaquín Javaloys (puede descargarse gratuitamente en formato pdf).

Julián pavon es Licenciado y catedrático de Economía, Licenciado en Sociología y Doctor Inteniero industrial

Julián Pavón es, además de catedrático de Economía, Licenciado en Economía, Licenciado en Sociología, y Doctor Ingeniero Industrial

Si estás de acuerdo, si sabes que ningún político va a hacer nada a no ser que haya una verdadera e indignada exigencia ciudadana…  une tu voz a la de los muchos que ya estamos pidiendo a gritos que se acabe con el despropósito de tanto recorte social y subida de impuestos y se meta la tijera en extirpar el gran problema de las cuentas públicas: el cáncer autonómico.  Hay dos formas de eliminar las autonomías: la aprobación por 2/3 del Congreso de los Diputados (es decir un pacto PP – PSOE) o la convocatoria de un referendum popular.  No queda otra.  REFERENDUM SOBRE LAS AUTONOMÍAS YA !!   De esta crisis hay que salir fortalecidos; nos bajamos de este disparate… es lo que piensa la inmensa mayoría de españoles… el sistema autonómico es innecesario, ineficiente e insostenible.  NO con mis impuestos.

Las consecuencias de la voracidad recaudatoria de impuestos en tiempos del Imperio Romano


No era lo mismo recolectar los tributos de una provincia que los de muchas, así como tampoco debía serlo cuando se trataba de regiones tan distantes como Britania, Bitinia o Egipto. Una de las soluciones que adoptaron los romanos, haciendo gala de su habitual pragmatismo, fue la de subcontratar a los temidos publicanos. Estos no sólo eran agentes de recaudación, sino que llegaban mucho más allá. El Estado romano les vendía la exclusiva de recaudar los impuestos de una determinada región, a cambio de una cantidad fija. Los publicanos después podían llegar a recaudar más, no estando obligados a liquidar el excedente.
Para Roma este tipo de acuerdo era muy conveniente, ya que le permitía anticipar los ingresos y conocer de antemano la cantidad exacta que se iba a recaudar. Como todo empresario o político sabrá, esta solución es buena para quien quiera equilibrar un presupuesto. Sin embargo, podía llevar también a que los publicanos, en su afán por amortizar el dinero entregado al Estado, o simplemente por instinto rapaz, estrangularan fiscalmente a la población de las provincias. Esto llevó a no pocas revueltas y levantamientos por los desmanes de estos recaudadores fiscales subcontratados. Se reguló su actividad a finales de la república, pero si nos atenemos a lo que nos explica este texto del S. III dC, esta cuestión nunca quedó bien resuelta.
Lo que aumentó la catástrofe nacional y el luto general fue el nuevo censo impuesto a las provincias y a las ciudades. Los censores estaban dise­minados por doquier y lo ponían todo en desorden como si se tratara de cosas de enemigos o de prisioneros o de esclavos. Se medían los campos en masa, se numeraban los árboles y las vides, se registraban los animales de todo tipo. Se usaba también el mismo procedimiento con las personas: los habitantes de las ciudades y de los campos eran reunidos masivamente en una plaza; todas las plazas regurgitaban grupos de siervos y de esclavos, porque cada uno debía estar presente con sus hijos y siervos.

Por todas par­tes se oía un sonido de lamentos y de golpes; los hijos eran incitados con­tra los padres, y los siervos, hasta ese momento fidelísimos, contra sus patronos, las mujeres contra los maridos, para que denunciaran la verda­dera entidad de sus ingresos. Si la cosa no salía bien, ellos mismos eran sometidos a la tortura hasta que, bajo la presión del dolor, confesaban y denunciaban incluso lo que no tenían. No se aceptaba ninguna excusa de edad o de salud. Se hacía comparecer incluso a los enfermos y a los decré­pitos; se estimaba la edad de cada uno, a los niños se les añadía y a los ancianos se les quitaban arbitrariamente los años. 

Por todas partes reinaba un llanto y una tristeza grandísima. No se daba fe a las declaraciones de los censores y se enviaba siempre a otros nuevos para que encontraran alguna cosa más; y si tampoco estos últimos lo conseguían, se añadían otras tasas para no dar la impresión de haberlos enviado en vano. Entre­tanto disminuían los animales domésticos, los hombres morían. Pero eso no impedía que hubiera que pagar los impuestos incluso por los muertos. 
En pocas palabras, ya no se podía ni vivir ni morir sin pagar impuestos. Sólo quedaban los mendigos, de los que era inútil esperar algún tributo: su miseria e infelicidad los hacía, por lo menos, inmunes a cualquier injusti­cia. Pero este hombre de tan gran corazón [se refiere aquí al emperador Gale­no, que había ordenado este censo: 293-310 d.C.] también tuvo piedad de ellos y encontró el modo de liberarlos de su miseria: hizo reunir a todos, cargarlos en una barca y echarlos al mar.
Lactancio, De mort. Pers. 23. (finales del siglo III .d.C)

¡¡¡ PÁSALO !!! por email, en foros, en redes sociales…

Fuente: Paperblog

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