Sistema de Inteligencia Económica: SIE

Para el que no lo conozca, el  SIE:  “Estrategia Española de Seguridad” tiene “la misión de analizar y facilitar información económica, financiera y empresarial estratégica relevante, oportuna y útil para apoyar la acción del Estado y una mejor toma de decisiones”. El varapalo económico, que ha puesto al planeta patas arriba con la crisis, ha propiciado que muchos países se replanteen la seguridad de sus sistemas financieros para intentar prevenir, en la medida de lo posible, nuevos episodios. En ese sentido el consejo de ministros del Gobierno de España aprobó recientemente la “Estrategia Española de Seguridad” un documento marco con el que luchar frente a las enfermedades financieras o las grandes catástrofes naturales y agresiones tecnológicas (ciberterrorismo). Tres grandes supuestos que cuando se producen se han demostrado letales para la salud económica de un país.
La Estrategia Española de Seguridad se ha redactado por un equipo interministerial que se ha coordinado desde Presidencia bajo la dirección del ex Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea, Javier Solana. Del texto que hasta el momento ha trascendido destaca la creación del SIE (Sistema de Inteligencia Económica). Se trata de un organismo que a semejanza del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), pero en el ámbito económico, velará por los intereses monetarios del estado.
La descripción que se hace del SIE en la Estrategia Española de Seguridad no deja lugar a dudas ya que tiene “la misión de analizar y facilitar información económica, financiera y empresarial estratégica relevante, oportuna y útil para apoyar la acción del Estado y una mejor toma de decisiones”.
El SIE funcionará “en el ámbito interno y, en consonancia con lo hecho por otros países” pero será un sistema que “permitirá compartir conocimiento, crear sinergias, evitar duplicidades y facilitar la adopción de posiciones comunes en las Administraciones Públicas” tal y como reza en la estrategia aprobada en julio.

Colaboración
Pese a tener la apariencia, a priori, de organismo secreto o estanco el SIE trabajará “en estrecha relación con los diferentes actores económicos, contribuirá a las labores de seguridad del Estado facilitando la detección y prevención de actuaciones contrarias a los intereses económicos, financieros, tecnológicos y comerciales de España en sectores estratégicos”.

Lucha contra el blanqueo de capitales del crimen organizado
Los principales ejes de actuación del Gobierno se basarán en la promoción del desarrollo económico sostenible que “minimice los desequilibrios -tanto públicos como privados-, potencie la productividad y la competitividad, con sectores de alto valor añadido, que creen empleo, calidad y mantengan unas finanzas públicas saneadas a lo largo del cicló económico y la estabilidad de precios”. Pero también luchará, además de contra los desequilibrios generados por el funcionamiento legal del sistema, contra las amenazas derivadas del crimen económico. Por eso la Estrategia Española de Seguridad establece que “es prioritaria la lucha contra el blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado”.
El grupo “de sabios” que ha realizado el informe advierte del papel del sector privado en la seguridad. “Las empresas han de proteger aquellas áreas que son de su competencia y se deben identificar y asignar dichas responsabilidades” y más todavía “cuando se ha demostrado que las propias compañías se han convertido en objetivos directos”.
El texto que ha salido a la luz también aboga por “mitigar los desequilibrios de los mercados” por lo que se apuesta por “prevenir y corregir los efectos de los fallos del mercado” con una “regulación y supervisión efectiva, a la que es fundamental incorporar a los agentes económicos y sociales”. Finalmente, la Estrategia incide en el avance por y para la gobernabilidad económica en la Unión Europea en la que España tiene que “cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y los objetivos de la Estrategia Europa 2020”.

El servicio secreto entra en la ‘guerra económica’.

Ahora que la preocupación ante el terrorismo decae y la alarma por la economía se dispara, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se apresta a reciclar parte de su estructura para participar en la creación de un sistema estatal mixto, público-privado, de inteligencia económica, similar al que poseen otros países del primer nivel de desarrollo. Al menos una tercera parte de los 3.500 agentes que componen el servicio secreto español se ha dedicado hasta ahora a combatir a ETA, así que cabe preguntarse en qué se ocuparán a partir de ahora si, como resulta previsible, la organización terrorista deja definitivamente de suponer una amenaza. A expensas de lo que decida el nuevo Gobierno, el CNI ha adelantado ya su respuesta: se trata de estar presente en la pelea económica y comercial que se libra soterradamente a escala internacional, de potenciar las sinergias informativas entre el Estado y las empresas y de enjugar así el retraso competitivo que nos lastra en esta materia.

“Los servicios tienen acumulado un importante know how [saber hacer] y una experiencia que en algunos casos puede transmitirse con éxito a las empresas”, señaló el director del CNI, Félix Sanz Roldán, en una charla restringida a empresarios y al cuerpo diplomático. Sanz Roldán lleva tiempo insistiendo en la necesidad de potenciar la formación y creación de analistas y empresas de inteligencia competitiva e invitando expresamente al empresariado a servirse del CNI. “Es difícil encontrar en cualquier ámbito nacional una institución más discreta que la nuestra; estamos acostumbrados a manejar información delicada”, enfatiza en sus conferencias. El Centro Nacional de Inteligencia, que ya ha constituido una cátedra y un instituto para la inteligencia competitiva en las Universidades Juan Carlos I y Carlos III de Madrid, propone que el órgano de coordinación a crear dependa de la vicepresidencia del Gobierno o del ministro de Economía.

La identificación automática entre seguridad nacional y fuerza militar quedó deshecha a principios de los noventa con la implosión de la Unión Soviética y la llegada de la globalización. Puede decirse que, acabada la guerra fría, los servicios secretos occidentales tiraron sus diccionarios de ruso y se abonaron a la prensa color salmón y al principio de que la economía constituye un elemento fundamental de la seguridad. Esa convicción, asimilada también por la diplomacia y la política exterior, ha ido acentuándose en los últimos tiempos con el desarrollo vertiginoso de las nuevas tecnologías de la información. Ahora más que nunca, la economía es el territorio en el que se dilucida la influencia y el poder de las naciones. Es como si las antiguas competiciones y disputas entre países y bloques encontraran ahí el espacio simbólico.

En qué proyecto trabaja la competencia, cómo hacerse con la posición dominante en ese mercado, quiénes se llevarán el gran contrato, a qué empresas benefician y a cuáles perjudican semejantes decisiones, qué tipo de persona es la que tendrá la última palabra en la adjudicación, qué socios serían los más adecuados para esa fusión o esa alianza empresarial, a qué responde, cómo nos repercutirá, ese movimiento de capital. Estas son el tipo de cuestiones que las miles de empresas de inteligencia económica o inteligencia competitiva tratan de dar respuesta en el mundo. Pese a los trabajos del ICEX, de las cámaras de comercio, del Banco de España y de otras áreas de la Administración, nuestro país está en mantillas en este campo, y eso que, como se subraya en un estudio de la Agencia de Innovación de Bizkaia (BAI), la información ha adquirido un valor estratégico determinante y las empresas de las economías más avanzadas son las que han apostado con mayor decisión por la inteligencia competitiva.

“El análisis es clave para poder prever y anticiparse a lo que pueda pasar. La subida del precio del petróleo y de otras materias energéticas, por ejemplo, puede afectarnos mucho. Por eso hay que estar en la red mundial de inteligencia competitiva, para seguir los movimientos de la economía global, no llevarnos grandes sustos y llegar bien preparados a las reuniones del G-20”, apunta Javier Solana, ex secretario general de la OTAN y ex alto representante del Consejo europeo para la política exterior. Cuatro veces ministro en los Gobiernos de Felipe González, Solana es el principal artífice de la Estrategia Española de Seguridad (EES) recientemente elaborada en la que se incluye el proyecto de Sistema de Inteligencia Económica. “Mucho de lo que ocurre en el campo de la información económica es transparente, pero no todo. Hay círculos que se procuran una información más sofisticada, y puesto que otros lo hacen, nosotros también deberíamos hacerlo”, indica.

Aunque el espionaje económico es una vieja historia —el Gobierno de Felipe II ya contaba con algo parecido a un servicio de estas características—, las sociedades modernas se enfrentan a un fenómeno nuevo de competitividad informativa económica creciente. “Hay una guerra económica permanente no declarada porque en el mundo de la competencia económica y comercial las relaciones entre empresas y Estados no son precisamente versallescas. Chinos y rusos destacan por su agresividad, pero no son los únicos que participan en la brutal pelea por hacerse con los mercados; todas las potencias consagradas o emergentes están ahí”, afirma José Luis de la Fuente O’Connor, responsable de la Oficina de Vigilancia e Inteligencia Tecnológica de Iberdrola y presidente de la Asociación Española para la Promoción de la Inteligencia Competitiva (Asepic). Sin embargo, sigue siendo una cuestión casi tabú de la que se habla mucho (puertas adentro) y se cuenta poco.

A propósito del caso de espionaje del prototipo de coche eléctrico denunciado falsamente por Renault, el presidente de la Academia Francesa de la Inteligencia Económica, Alain Juillet, ya mostró su extrañeza de que un hecho semejante hubiera salido a la luz habida cuenta de que este tipo de asuntos acostumbran a saldarse en la penumbra del discreto arreglo entre las partes. Alain Juillet venía a decir que los episodios que afloran a la opinión pública —el del ingeniero López de Arriortúa con la General Motors ha sido de los más notorios— apenas son la punta del iceberg de la batalla encubierta que se libra a diario, a veces con aires detectivescos y novelescos, pero por lo general de forma mucho más prosaica. Según el analista Jean-Marie Allin, los datos aprovechables pueden clasificarse como “información abierta” (la que se halla al alcance en periódicos, publicaciones y bancos de datos), la “información gris” (de dominio no público, pero accesible a través de círculos internos o publicaciones restringidas) y la “información oscura” (la obtenida de forma ilegal por el espionaje, la piratería, el robo).

Pese a que la mayor parte de los datos se encuentran hoy a la vista —se calcula que hasta el 70%—, la cuestión capital reside hoy en separar el grano de la paja, en espigar la ingente información disponible para seleccionar lo importante e interpretarlo adecuadamente, ya que la inteligencia económica es lo contrario a la acumulación de datos propia de la era digital. “En la era de la información, todo el mundo sabe lo que está pasando, pero muy pocos entienden lo que significa”, es un aserto al que el director del CNI, Félix Sanz Roldán, recurre con frecuencia en sus exposiciones.

Con sus limitaciones, todas las grandes compañías globalizadas procuran disponer y analizar los datos a su alcance de cara a elaborar los planes más adecuados a sus intereses. El procesamiento inteligente de la información disponible ha estado bien presente, por ejemplo, en la estrategia que ha permitido al consorcio español hacerse con el contrato del tren AVE a La Meca y que incluyó las gestiones personales del Rey Juan Carlos ante su homólogo saudí en los momentos en los que las presiones francesas arreciaban. “A menudo, muchas de las empresas exportadoras que no pueden disponer de departamentos o células de inteligencia propios necesitan contratar a empresas especializadas o contar con la inteligencia del Estado. Lo ideal es que las dos opciones sean posibles”, apunta José Luis de la Fuente O’Connor. “Estamos en desventaja competitiva respecto a otras marcas-país. Debemos relanzar y dar fluidez a la relación informativa pública-privada no solo para defender a las grandes compañías, sino también para conseguir que nuestras pymes, que suponen el 95% de nuestras empresas, puedan dar el paso de la internacionalización”, plantea Juan Antonio Gómez Bule, presidente del consejo asesor de S21SEC, compañía experta en seguridad digital.

Al Estado moderno se le requiere hoy con mayor énfasis para que asegure la defensa del interés nacional por medio de una estrategia internacional, que utilice su capacidad de reunir y procesar información para poder anticiparse a los cambios y aportar una posición ventajosa a las empresas, al tiempo que las protege del espionaje industrial y tecnológico. Y es que después de lo que ha pasado con las subprime y la crisis mundial, no es fácil creer en la teoría de la autorregulación automática del sistema. Se diría que la economía global se ha hecho demasiado vital para la supervivencia como para dejarla al albur del juego de los mercados financieros globalizados, a la acción de los oportunistas y especuladores internacionales, los intoxicadores, los espías y los sobornadores que exploran con lupa y explotan los puntos débiles de las personas y organismos decisivos en las grandes operaciones.

“La mundialización no es un mercado libre. Vivimos en un mundo de Estados-nación con muy diferentes poderes y capacidades de protección. Esa asimetría es la realidad, y conviene no confundir retórica y realidad. Hablamos de la inteligencia competitiva como un medio de proteger la economía, pero al proteger la economía protegemos a la sociedad. La protección de la gente, que no el proteccionismo, es un deber del Estado, así que la cuestión no puede ser optar entre la protección y el liberalismo porque necesitamos tener un nivel adecuado de ambas cosas. Como todavía no hemos construido la solidaridad interna europea, vivimos una situación de fragilidad tal que nuestros Estados nación solo pueden dar una protección relativa”. Son palabras del economista y pensador Jean-Paul Fitoussi, autor, junto al también intelectual francés Pierre Rosanvallon, del libro La nueva era de las desigualdades.

Como comprueba amargamente la España zarandeada por los mercados, presa de movimientos especulativos, obligada a seguir los diktak de las recetas exteriores, los Estados pueden en efecto verse impotentes ante movimientos económico-financieros y actuaciones desestabilizadoras que provienen de la globalización. Conocer de antemano la prima de riesgo es algo que queda fuera del alcance del mejor servicio de inteligencia, pero ¿qué no habría dado la anterior ministra de Economía, Elena Salgado, por haber podido prever los ataques a la deuda soberana? ¿La crisis misma y su doble impacto en España no se podían haber detectado antes? Hay que suponer que los informes que el CNI realizó estos meses atrás para la ministra Salgado no debieron ayudarle gran cosa, y eso que el Centro Nacional de Inteligencia tiene por ley (noviembre de 2002) la misión de “obtener, evaluar e interpretar información y difundir la inteligencia necesaria para proteger y promover los intereses económicos industriales, comerciales y estratégicos de España, pudiendo actuar dentro y fuera del territorio nacional”.

La ley encomienda asimismo al CNI la tarea de “prevenir, detectar, posibilitar la neutralización de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra los intereses económicos nacionales”, pero fuera de eso se ignora cuáles son las líneas de actuación del espionaje español en estas materias. Las intervenciones concretas del CNI en la esfera económica quedan detalladas en la denominada Directiva de Inteligencia, un documento secreto restringido a muy pocas personas en el que se da cuenta anual del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos por el propio Ejecutivo.

Ahora, animado por la perspectiva del final de la actividad de ETA, el CNI cree llegado el momento de ir más lejos y formar un Sistema de Inteligencia Económica que coordine el conjunto de acciones y políticas empresariales, gubernamentales y de los propios servicios de búsqueda, tratamiento y distribución de la información útil. Aunque las escasas referencias existentes se sirven de las formulaciones genéricas —“la misión de analizar y facilitar información económica, financiera y empresarial estratégica relevante, oportuna y útil para apoyar la acción del Estado y una mejor toma de decisiones”—, ese nuevo organismo tendría entre sus prioridades favorecer la implantación y defensa de las empresas españolas en el exterior.

A título de ejemplo, se supone que el sistema podría ofrecer a Telefónica en China un servicio de contrainteligencia que le blindara contra las acciones de espionaje tecnológico, y quizá también explicar por qué España ha quedado postergada comercialmente en su antigua colonia de Guinea Ecuatorial mientras EE UU, Francia, China, Italia y Canadá multiplican allí sus negocios. “La amistad no existe en la lucha por la competitividad y la supervivencia económica. Debemos dejar de ser ingenuos: hay que llevar a la opinión pública la conciencia de que hay información estratégica relevante para nuestra economía y nuestro tejido productivo que debemos proteger a ultranza. El número de empresas que compiten por precio sin problemas tiende a disminuir porque cada vez se copia más, y eso obliga a innovar continuamente”, subraya José Luis de la Fuente.

En la circular administrativa interna que dictó el pasado 15 de septiembre, el primer ministro francés, François Fillon, definió la inteligencia económica como la tarea de reunir, analizar, valorar, difundir y proteger la información económica estratégica a fin de reforzar la competitividad de un Estado, una empresa o un centro de investigación. “Facilitar la toma de decisiones de los responsables públicos, desarrollar la influencia internacional de Francia, sostener la competitividad empresarial y la transferencia de tecnología priorizando el interés de las empresas francesas y europeas, y garantizar la seguridad económica de los centros de investigación” constituyen los grandes ejes que París asigna a inteligencia económica. “El Estado debe disponer de herramientas de vigilancia y redes humanas de información sobre la evolución económica de los grandes intereses y los riesgos y amenazas que pesan sobre las empresas y los centros de investigación, particularmente en los sectores económicos prioritarios”, reza la circular.

Son funciones y objetivos, ya convencionales, aunque los modelos difieren notablemente de un país a otro. Así, Japón, pionero junto a Suecia en inteligencia competitiva, tiene un sistema bastante centralizado, al igual que Francia, Israel, Canadá y Corea, pero al mismo tiempo es de naturaleza mixta pública-privada como el de Alemania, Reino Unido y la propia Francia. Todos ellos, particularmente EE UU y China, cuentan con empresas de inteligencia económica que en mayor o menor grado se apoyan en la Administración a la hora de recabar datos y análisis. Por lo visto, la colaboración con los servicios secretos suscita en el empresariado español no pocas reticencias. Es lo que cabe deducir de las propias palabras de Félix Sanz Roldán. “El CNI está más capacitado que ningún otro servicio secreto del mundo para trabajar dentro de la ley porque el 99,99% de nuestras actividades se llevan a cabo sin conculcar norma alguna. No queremos tener un papel protagonista, ni llevar la voz cantante en el Sistema de Inteligencia Económica. Nuestra tarea debe consistir en conectar a los que saben con los que deben saber”, ha indicado en una de sus charlas a empresarios.

Aunque la propuesta que el CNI entregó a la Presidencia del Gobierno del anterior Ejecutivo no se ha desvelado, ese sistema de coordinación y tratamiento de información a crear sería, según Sanz Roldán, “un órgano de inteligencia con mucha presencia exterior, no demasiado grande, ni muy pequeño, de geometría variable, de forma que pueda incorporar a especialistas en función de los asuntos a tratar”. Según el profesor De la Fuente, “la opinión pública debe asumir cuanto antes la cruda realidad de que nos jugamos nuestra calidad de vida y nuestros empleos en la competitividad a escala global de nuestras empresas”.

Fuentes: 

http://noticiassva.blogspot.com/

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/26/actualidad/1332762326_179566.html

http://portal.protecturi.org/que-define-el-nuevo-ees/

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