México: ¿Estado de derecho?

El país podría sufrir la mayor crisis de derechos humanos de las últimas décadas en América Latina.
La política de seguridad del ex presidente mexicano Felipe Calderón (del conservador Partido de Acción Nacional, PAN) ha llevado al país americano “a la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en América Latina en las últimas décadas”. Ésta es la dura afirmación que vierte la organización Human Rights Watch (HRW) en su reciente informe “Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada”, según el cual hay indicios que sustentan la sospecha de que miles de civiles fueron desaparecidos por soldados y policías mexicanos durante la Administración Calderón (2006-2012).

El informe de la organización estadounidense parece confirmar lo que era un secreto a voces durante los últimos meses del sexenio anterior: que la guerra contra el narco impulsada por Calderón fue un estrepitoso fracaso no sólo porque no consiguió reducir la violencia del crimen organizado, sino también porque aumentó exponencialmente el número de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.

Tras la llegada a la presidencia el pasado diciembre de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la cifra oficial de muertos en el marco de esa guerra fallida ya asciende a más de 70.000. Así lo confirmó recientemente el secretario de Gobernación (Ministerio de Interior), Miguel Ángel Osorio Chong. La cifra de personas desaparecidas entre 2006 y 2012 asciende además a 27.000.

 Criminalización de las víctimas

Las acusaciones del informe de HRW, así como las cifras de muertos y desaparecidos, hacen inevitable la comparación entre México y las dictaduras militares del cono sur como la argentina o la chilena. Igualmente inevitable es la siguiente pregunta: ¿es México actualmente un verdadero Estado de derecho?

“México es un Estado de leyes sin justicia, un país donde hay muchas leyes y en el que sí puedes tener acceso a la justicia, pero ese acceso no es igualitario”, afirma Daniel Zapico, coordinador de Amnistía Internacional México, que publicará un informe similar al de HRW en los próximos meses. La decisión de Calderón de sacar al Ejército a las calles tomada aumentó las denuncias de torturas y asesinatos sumarios cometidos por las fuerzas de seguridad. ¿Cuál fue la reacción del Gobierno de Calderón? “El discurso oficial afirmaba que todas las víctimas de la violencia estatal eran narcotraficantes o colaboradores del crimen organizado”, apunta el coordinador de Amnistía Internacional.

Esa criminalización de las víctimas civiles de la violencia estatal no es nueva. Viene siendo denunciada desde hace tiempo por asociaciones civiles como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad del poeta Javier Sicilia, así como por académicos como Günther Maihold, del prestigioso Colegio de México. Para Maihold, “el movimiento encabezado por Sicilia intenta dignificar a las víctimas consideradas en el discurso oficial como bajas colaterales, que las autoridades niegan al señalar que la guerra del narco solamente está implicando muertes entre los integrantes de los grupos criminales. Esta implícita criminalización de las víctimas civiles es la que ha impulsado a los familiares a movilizarse en contra de una comunicación oficial de la violencia que no respeta la integridad de las personas.”

Desmontando el discurso oficial

Las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos aumentaron un 1.000 % entre 2006 y 2012. Una de cada cuatro denuncias presentadas iba dirigida contra el Ejército. Son cifras ofrecidas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), asociación civil financiada la Unión Europea y Naciones Unidas, entre otros organismos internacionales.

Un reciente informe de CMDPDH desmonta el discurso oficial de criminalización desplegado por Calderón; éste excluye al crimen organizado de los grupos más vulnerable a la violencia estatal: “Se ha identificado a cuatro grandes grupos de personas que son particularmente vulnerables a las desapariciones forzadas en el contexto actual: los defensores de derechos humanos; personas con algún tipo de militancia política o en movimientos sociales; personas migrantes; y personas que viven lugares en los que se ha incrementado la violencia por el choque entre los cuerpos de seguridad nacional o pública y grupos de delincuencia organizada”.

Para los fundadores del Comité Cerezo, galardonado con Premio de la Paz de Aquisgrán 2012, ese dato tiene su lógica: para ellos, la narcoviolencia y el sistema socioeconómico neoliberal vigente en México son dos caras de la misma moneda. Por ello, son los elementos de la sociedad civil, y no del crimen organizado, los que se convierten en el principal blanco de la violencia estatal. “Si comparamos el número de personas desaparecidas, ofrecidas por la actual Administración de Peña Nieto, con las de la dictadura militar argentina, que desapareció a unas 30.000 personas, parece que las tragedias humanitarias son equiparables. Por tanto, la afirmación de HRW no es sorprendente; lo que sí sorprende es que llegue tras seis años y después de tantas ejecuciones extrajudiciales”, afirma Antonio Cerezo. Los fundadores del Comité se han acostumbrado a vivir con las amenazas de muerte provocadas por su activismo.

Los coordinadores de la CMDPDH no dudan que la sistematización de la violación de los Derechos Humanos durante el Gobierno de Calderón respondió a una política de Estado cuyo principal responsable fue la cabeza del Ejecutivo. La sociedad en su conjunto fue víctima de esa estrategia de guerra postmoderna. “Hemos atendido a trabajadores, empresarios e incluso policías y soldados”, afirma Octavio Amezcua Noriega, director del departamento de Defensa de la organización.

“Aquí estamos hablando de violaciones sistemáticas de derechos fundamentales que forman parte de una política de Estado. Lo que ocurre en México es lo mismo que ocurrió en las dictaduras militares latinoamericanas del cono sur. Sin embargo, en el caso mexicano hay un tercero actor, la delincuencia organizada, que todavía no sabemos hasta qué punto está sirviendo al Estado. El crimen organizado funciona sin duda de cortina de humo que el Estado utiliza para reforzar su estrategia de militarización”, afirma Valeria Moscoso, coordinadora de atención psicosocial de la CMDPDH.

Galopante impunidad

El periodista de la revista Proceso especializado en crimen organizado y movimientos armados José Gil Olmos es la personificación de la violencia en la que vive inmersa la sociedad mexicana en su día a día. Hace tiempo que dejó de identificarse como reportero cuando trabaja fuera de la capital y evita dar la espalda a la puerta cuando se sienta en un restaurante. Son algunas de las medidas de seguridad que Gil toma para proteger su vida en el país con más periodistas desaparecidos del mundo, según el CPJ (Comité de Protección de Periodistas).

El reportero de Proceso no se anda con rodeos: el narcotráfico se ha infiltrado en la policía, el Ejército y en altas esferas políticas del país. “No hay ni un sólo Estado mexicano en el que crimen organizado no esté presente”, afirma. Y la galopante impunidad (más del 98% de los casos) que sufren las víctimas de la guerra contra el narco está relacionada con la omnipresencia del narcotráfico: “La ciudadanía está completamente indefensa frente a la violencia. Ya no puedes acudir a las procuradurías ni al sistema judicial ni al ministerio público porque sabes que están involucrados”.

Ni la Procuraduría General de República ni Províctima, instancia pública dedicada a atender a las víctimas de la violencia, accedieron a la petición de entrevista de este reportero. No obstante, en México cunde la opinión de que el Gobierno de Peña Nieto tiene un discurso diferente al de su predecesor respecto a las violaciones de los derechos humanos y la violencia. No en vano, funcionarios del nuevo Gobierno acompañaron a HRW en la presentación de su informe. Queda la duda de si ese cambio de discurso supondrá también un cambio en la política de seguridad.

‘Política de inseguridad’

El caos propiciado por la política de inseguridad de Calderón y heredado por Peña Nieto no se puede solucionar de un día para otro. Es la opinión de Javier Herrera, ex comisario de la Policía Federal Preventiva condenado a prisión en 2011 por lazos con el crimen organizado y absuelto en los últimos meses del Gobierno de Calderón por acusaciones infundadas.

Herrera acusa al ex secretario de Seguridad Pública y “mano de derecha del ex presidente Calderón”, Genaro García Luna, de haber propiciado su detención por mostrar su disconformidad con la política de seguridad del anterior Ejecutivo: “En 2008, el Gobierno decide sacar a la Policía Federal de las carreteras del país lo que desata el caos en las mismas y el aumento de los llamados daños colaterales”. Y no duda en señalar posibles lazos entre el crimen organizado y el ex presidente Calderón.

Preguntado sobre el futuro cercano de la política de seguridad en México, Herrera se muestra optimista y escéptico al tiempo: “Necesitamos al menos un año para juzgar los resultados de los cambios ejercidos por la nueva Administración”. El ex comisario, sin embargo, no está seguro de que Peña Nieto se haya rodeado de las personas adecuadas para regenerar las fuerzas de seguridad mexicanas.

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Fuente: EsGlobal

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